sábado, 7 de diciembre de 2013

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ONU insta restituir nacionalidad a los afectados por fallo
Puerto Príncipe, Haití.- El Alto Comisionado de la ONU para los refugiados (ACNUR) instó a la República Dominicana a restituir la nacionalidad a los afectados por un fallo judicial que niega la nacionalidad a los hijos de inmigrantes ilegales y que afecta, en especial, a los descendientes de haitianos.
ACNUR manifestó en un comunicado "su profunda preocupación" por el hecho de que "dos meses después de dicha decisión, la situación de la población concernida todavía no ha sido adecuadamente atendida por las autoridades".
El presidente dominicano, Danilo Medina, anunció la semana pasada un plan nacional para la regularización de los extranjeros, que sigue al polémico fallo dictado por el Tribunal Constitucional (TC) de ese país, que define quiénes tienen derecho a la nacionalidad y que ha provocado serias fricciones con Haití.
La medida cumple con el mandato de la ley general de migración y de lo dispuesto por la sentencia del TC, que establece que aquellas personas "en tránsito" y sus descendientes no tienen derecho a la nacionalidad dominicana, lo que afecta a centenares de miles de residentes irregulares haitianos en el país.
El ACNUR dijo que como resultado de esta medida "personas que han sido consideradas ciudadanos dominicanos toda su vida, tendrán que solicitar su naturalización".
"Los estándares legales internacionales requieren que el Gobierno restituya automáticamente la nacionalidad de todos los individuos afectados por la decisión y que se respete sus derechos adquiridos", precisó.
El organismo enfatizó que los individuos afectados por la decisión judicial "no son migrantes y que tienen raíces profundas en República Dominicana".
En ese sentido, instó al vecino país a reconocer esta situación y actuar a fin de solucionar este problema de derechos humanos.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) realiza esta semana una visita a la República Dominicana, a raíz de la polémica sentencia.
El fallo del TC ha sido denunciado por Haití y otros país caribeños como una medida que colocaría en la supuesta condición de apátridas a centenares de miles de haitianos indocumentados y sus descendientes residentes en el país
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